La vivienda pública ha vuelto a ser uno de los temas candentes en el ámbito político. Esta vez, Sumar, el grupo plurinacional en el Congreso, ha propuesto prohibir la venta de suelo de vivienda pública, así como extender la calificación de Vivienda de Protección Oficial (VPO) de manera permanente a aquellas propiedades vinculadas a ayudas estatales de vivienda.
Mediante una proposición no de ley registrada para su debate en el Pleno, Sumar sostiene que las VPO son una herramienta esencial para moderar los altos precios del mercado inmobiliario. Este argumento se basa en que este tipo de vivienda ofrece a las personas con menores recursos la oportunidad de adquirir una propiedad en condiciones favorables, lo que resulta en un alivio frente a la especulación y el incremento de los precios.
Sin embargo, el grupo lamenta que las regulaciones actuales permiten que estas propiedades pierdan su calificación de protección con el tiempo, algo que consideran un incentivo para la especulación, contrario al propósito social de estas viviendas.
Esta propuesta ha generado controversia en el sector inmobiliario. Patricia Hernández Cobo, CEO de Vía Ágora, expresó en el XI Foro Inmobiliario que, aunque considera positiva la protección perpetua, advierte sobre los impactos en los propietarios que eventualmente deseen vender sus viviendas. Explica que, al no poder descalificar la vivienda, muchos propietarios se verían limitados al intentar mudarse, quedando atrapados en un mercado rígido y poco dinámico.
Ignacio Moreno Carnero, CEO de Aurora Homes, comparte esta preocupación. Subraya que los propietarios que compraron una vivienda protegida con esfuerzo y cumplieron con todos los requisitos durante años deberían poder utilizar su inversión en una nueva vivienda cuando sus circunstancias cambian. Además, Moreno advierte que, al mantener la protección perpetuidad, las viviendas pueden deteriorarse al no contar con el presupuesto suficiente para su mantenimiento, como ocurre en algunas viviendas sociales en Alemania.
El CEO de Aurora Homes también resaltó la dificultad de construir viviendas accesibles en España debido a los elevados costes de construcción y los cambios en los códigos técnicos. “Cumplimos con unos estándares de calidad muy elevados, lo cual es positivo, pero cada actualización del código técnico aumenta los costes de construcción, haciendo que las viviendas sean inaccesibles para muchos”, comenta.
Según Moreno, una vivienda de tres dormitorios en España tiene un coste de construcción de 240.000 euros sin contar el suelo, un precio difícil de reducir sin revisar las regulaciones.
El debate sobre la protección de la vivienda pública en España parece estar lejos de cerrarse. Mientras tanto, las propuestas sobre la propiedad, el mantenimiento y el acceso a viviendas protegidas ponen sobre la mesa la necesidad de encontrar un equilibrio que permita que estas propiedades sean tanto accesibles como sostenibles en el tiempo.
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